Resultado de imagen de convergencia i unio La Guardia Civil está desarrollando una operación contra la supuesta financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en la que se prevén cerca de veinte detenidos relacionados con tres empresas de infraestructuras del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat. El tesorero de CDC Andreu Viloca, que en 2015 permaneció en prisión preventiva por su presunta relación con el cobro de comisiones de empresas, ha vuelto a ser detenido hoy en la cuarta fase del llamado caso del 3%, que dirige el juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona). También ha vuelto a ser detenido el directivo de la empresa Oproler Josep Maria Bassols, esposo de la juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que el expresidente catalán Artur Mas fichó como comisionada de Transparencia Según han informado fuentes cercanas al caso, en la operación desplegada por la Guardia Civil ya han sido detenidas 18 personas presuntamente relacionadas con una trama de empresas que pagó comisiones a CDC a cambio de la adjudicación de obras públicas, en lo que supone la cuarta fase de la investigación, con epicentro en el Ayuntamiento de Barcelona en la etapa de Xavier Trias (CiU). Además de Viloca, entre los detenidos figuran Ángel S.R., director general de Barcelona Infraestructuras Municipales S.A., y Ernesto E.S., director de obra civil de esta empresa del consistorio encargada de la adjudicación de proyectos públicos. También el presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, y varios cargos de la antigua CDC: el exteniente de alcalde de Barcelona Antoni Vives, el exresponsable de servicios jurídicos de la antigua Convergència Francesc Sánchez y el exgerente del consistorio barcelonés durante la alcaldía de Xavier Trías y actual presidente de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga. La investigación, en el marco de la causa judicial del caso del 3%, se centra en la licitación pública de contratos amañados con tres empresas, presuntamente a cambio de comisiones que, en forma de donación, acababan en las arcas de CDC. El juez del caso atribuye a los detenidos los delitos de blanqueo, financiación ilegal, cohecho y malversación. La mayoría de los detenidos -se trata de arresto técnicos, mientras duran los registros- son empresarios, aunque también se incluía en la previsión el arresto de algún ex alto cargo de la formación política, además de registros en empresas, sedes mercantiles y despachos de abogados. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha precisado en una nota que el juez no ha acordado ninguna detención. Según han informado fuentes del instituto armado, la Operación Pika, continuación de la llamada Operación Petrum, y dirigida por el juzgado de instrucción número uno del Vendrell (Tarragona), se centra en la licitación pública de contratos amañados con tres empresas, que como contraprestación realizaban donaciones a las fundaciones Forum o CatDem, vinculadas a Convergència (hoy PDeCat). Se trata de las empresas Infraestructuras.cat, Autoridad Portuaria de Barcelona y Bimsa (Barcelona d'Infraestructures Municipals SA), en las que agentes de la Guardia Civil están practicando registros, requerimientos de información y detenciones. Se están practicando 25 registros y dos requerimientos y se esperan 19 detenidos, en las provincias de Barcelona, Lleida, Girona y Madrid. La Operación Pika afecta a tres importantes organismos públicos que, de acuerdo a la investigación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, realizaban presuntamente licitaciones de contratos amañados con diferentes empresas. Como contraprestación a la adjudicación de estos contratos, posteriormente hacían efectivas donaciones a las fundaciones satélites de CDC, en realidad comisiones presuntamente de entre el dos y el diez por ciento.

La Guardia Civil sospecha que este dinero pasaba a formar parte de la financiación del partido político, con la participación directa de relevantes responsables de la formación nacionalista. La Guardia Civil se encuentra también recabando información en despachos profesionales y domicilios relacionados con la trama presuntamente fraudulenta.

Unos 250 agentes se han desplegado en Barcelona, Girona y Lleida en el marco de esta investigación. La Operación Pika es continuación de las tres fases de la Operación Petrum, desarrolladas por la comandancia de la Guardia Civil de Tarragona y que investiga desde 2015 el presunto pago de comisiones del tres por ciento a CDC a cambio de obra pública. El caso se remonta a hace una década cuando en 2005, durante un debate en el Parlamento catalán sobre el hundimiento del túnel del Metro en el barrio de El Carmel, el entonces presidente de la Generalitat Parqual Maragall (PSOE) le espetó al entonces líder de la oposición, Artur Mas (CiU): "Ustedes tienen un problema y se llama 3%", en alusión velada a que durante años de Gobierno de CiU las obras públicas se gravaban con tal porcentaje en forma de comisiones que servían para financiar la formación nacionalista. Casi una década después, la Operación Petrum y ahora la Pika son las últimas líneas de investigación abiertas sobre esas supuestas comisiones. Petrum tiene su origen en un presunto caso de corrupción investigado en el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona) a raíz de las denuncias presentadas en 2013 por la exconcejal de ERC en Torredembarra (Tarragona) Montse Gasull.