El ministro británico para la Salida de la Unión Europea, Dominic Raab,

Los clientes de bancos establecidos en Reino Unido que residan fuera de ese país no podrán acceder a servicios financieros de esas entidades si se produce un Brexit duro, es decir sin acuerdo con la Unión Europea. Eso sucederá -si la UE no toma alguna decisión para evitarlo- tanto a los particulares y empresas del Espacio Económico Europeo como a los de nacionalidad británica con residencia en el exterior.

Ésa es una de las advertencias recogidas en las 25 medidas técnicas publicadas este jueves por el Gobierno de Reino Unido para señalar cómo deben preparse tanto los ciudadanos como las compañías ante la creciente posibilidad de que las negociaciones de Londres sobre la salida de la UE terminen sin acuerdo.

Las medidas conocidas son las primeras de las 80 que el Gabinete de Theresa May se comprometió a publicar a finales del verano, e incluyen advertencias en distintos campos, como el sector financiero, el comercio y las aduanas, o la energía nuclear.

"Si la UE no hace algo para remediarlo, los clientes residentes en el Espacio Económico Europeo (EEE) de entidades de Reino Unido que ahora cuentan con autorización en el EEE, incluyendo los ciudadanos británicos que viven en el EEE, pueden perder su capacidad de acceder a servicios actuales de depósito y préstamo, así como a contratos de seguros (como seguros de vida y anualidades), debido a que las entidades de Reino Unido perderán sus autorizaciones dentro del EEE", señala el documento gubernamental.

Esta recopilación de consecuencias esconde también un intento de presión de Londres, que busca desde hace meses que la UE convalide las actuales autorizaciones que permiten actuar en la UE a los bancos británicos.

Así, el documento recuerda que "Reino Unido es un importante centro de la banca de inversión de Europa" y que "los bancos británicos proporcionan servicios de financiación e inversión a través de los mercados de capitales a empresas de toda la UE", para a continuación añadir que, "en ausencia de una actuación por parte de la UE, los clientes europeos no podrán utilizar más los servicios de bancos de inversión establecidos en Reino Unido, y esas entidades tampoco podrán cumplir los actuales contratos fuera de las fronteras" británicas.